Cierres de empresas, despidos, suspensiones y más de 600 conflictos laborales en todo el país configuran una crisis de alcance nacional que golpea con especial dureza a las provincias. En La Rioja, uno de los distritos más afectados, la destrucción del empleo privado expone con crudeza los efectos del ajuste, la apertura de importaciones y el retiro del Estado impulsados por el gobierno de Javier Milei, dejando al trabajo público como el único sostén frente a un entramado productivo en retroceso.
La Argentina atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente en materia de empleo. Lejos de tratarse de una transición ordenada o de un reacomodamiento inevitable, el proceso en marcha tiene características claramente regresivas: destruye trabajo, desarticula el aparato productivo y profundiza las desigualdades territoriales. Los números no provienen de especulaciones ni lecturas partidarias, sino de un relevamiento exhaustivo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierte que entre 2024 y 2025 se registraron 629 conflictos laborales y cierres de empresas en todo el país, con casi 20.000 firmas que bajaron sus persianas y más de 276.000 puestos de trabajo registrados perdidos.
No se trata de una crisis sectorial ni coyuntural. Tal como señala el informe del CEPA, el deterioro atraviesa a la industria, el comercio, los servicios y la construcción, y responde a un patrón claro: caída del consumo interno, apertura indiscriminada de importaciones, paralización de la obra pública y retiro del Estado de cualquier política de protección del empleo. El mercado, librado a su propia lógica, no absorbió a los trabajadores desplazados ni generó nuevas oportunidades. Por el contrario, aceleró el proceso de exclusión.
La Rioja, una de las más castigadas
En este escenario, las provincias aparecen como las principales víctimas del modelo económico. Y dentro de ese mapa federal de conflictos elaborado por el CEPA, La Rioja se destaca como una de las jurisdicciones más castigadas del norte argentino. Con 52 conflictos laborales registrados, la provincia expone de manera descarnada los efectos de un programa económico diseñado sin contemplar las realidades productivas regionales, que profundiza asimetrías y debilita economías ya de por sí frágiles.
La industria riojana, históricamente sostenida por políticas de promoción y por un entramado de pequeñas y medianas empresas, se encuentra en estado crítico. El sector textil y de manufacturas -uno de los principales generadores de empleo privado- atraviesa un proceso de destrucción acelerada. El informe del CEPA identifica cierres, despidos y suspensiones en numerosas firmas, entre ellas Hilados, Vulcalar, Giaupure, Ricotex, Teknor, Version, Induquan y cooperativas textiles del interior provincial. Solo en lo que va de 2025, más de 170 trabajadores industriales fueron despedidos en La Rioja, a lo que se suman suspensiones y retiros “voluntarios” forzados que muchas veces funcionan como despidos encubiertos.
El recorrido previo al cierre se repite con una lógica conocida: caída abrupta de ventas, aumento de costos, reducción de jornadas y salarios, procesos preventivos de crisis y, finalmente, el cierre definitivo. La apertura de importaciones, lejos de fomentar competitividad, terminó de asfixiar a empresas locales que no pueden competir en igualdad de condiciones con productos extranjeros más baratos. El resultado es directo y tangible: fábricas que se apagan y trabajadores expulsados del sistema formal.
A esta situación se suma la paralización casi total de la obra pública, otro de los factores señalados por el CEPA como determinante en la destrucción de empleo. En La Rioja, la construcción fue históricamente un motor clave de trabajo y dinamización económica. El freno absoluto a la inversión estatal no fue reemplazado por inversión privada, sino que generó un vacío que profundiza la recesión y multiplica los despidos.
Dique de contención
En medio de este derrumbe generalizado, hay un dato que el informe del CEPA permite visualizar con claridad y que incomoda al discurso oficial: el empleo público es hoy el único sector que logra sostenerse. No porque crezca de manera significativa, sino porque no colapsa al ritmo del empleo privado. En provincias como La Rioja, los salarios estatales en salud, educación, seguridad y administración funcionan como un último dique de contención social frente a una economía que expulsa trabajadores.
Paradójicamente, es ese mismo empleo público el que el gobierno nacional señala como problema, mientras omite asumir la responsabilidad por la destrucción del trabajo privado. El informe del CEPA demuestra que todo lo que se había construido durante años en materia de empleo registrado, industria nacional y desarrollo regional está siendo desmontado en tiempo récord, no por ineficiencia estructural sino por una decisión política que renuncia a proteger la producción y el trabajo argentino.
La Rioja se convierte así en un espejo de la crisis nacional. Cada empresa que cierra no es solo un número en una estadística: es una familia que pierde su sustento, un barrio que se empobrece, un joven que emigra o cae en la informalidad. El impacto social es profundo, persistente y compromete el futuro de una provincia que apostó al empleo como herramienta de inclusión y arraigo.
La crisis del empleo no es una abstracción ni un daño colateral inevitable. Los datos del CEPA lo dejan en claro: tiene responsables, tiene causas identificables y tiene consecuencias concretas. Y mientras el gobierno nacional celebra el ajuste como un logro, en provincias como La Rioja la realidad muestra su verdadero costo: un entramado productivo devastado, un mercado laboral en retroceso y un Estado que, aun con límites, sigue siendo el último sostén frente al derrumbe.
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