La provincia de La Rioja dio un paso clave en su reclamo histórico por los recursos que le fueron quitados de manera arbitraria durante el gobierno de Javier Milei. La Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó oficialmente la convocatoria a una audiencia de conciliación el próximo 3 de diciembre de 2025 a las 11, en el marco de la causa judicial por la coparticipación.
En esa instancia, el Gobierno riojano expondrá ante el máximo tribunal la deuda por fondos coparticipables y transferencias retenidas desde noviembre de 2023, cuyo incumplimiento generó un grave perjuicio financiero para la provincia y para miles de familias riojanas que dependen de políticas públicas financiadas con esos recursos.
La Corte Suprema habilitó esta audiencia al considerar la verosimilitud del derecho de La Rioja sobre los fondos que la Nación retuvo sin fundamento legal durante la administración nacional anterior. Este reconocimiento judicial constituye un avance significativo en la búsqueda de una solución definitiva.
Desde Casa de Gobierno destacaron que la audiencia abre una vía institucional y transparente para abordar un reclamo que el Estado Nacional desoyó sistemáticamente, incluso incumpliendo la propia Ley de Presupuesto Nacional.
HISTORIA DEL CASO
El 5 de febrero de 2024, el gobierno de La Rioja presentó una demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia por una presunta deuda vinculada al pago incompleto de fondos de coparticipación correspondientes a 2023 y la falta de envío de los fondos extracoparticipables establecidos en el presupuesto nacional. Desde entonces, el expediente pasó por diferentes vocalías del máximo tribunal.
El 27 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei prorrogó el presupuesto 2023 para el ejercicio 2024 mediante el decreto 88/2023.
Ese mismo día, el gobernador Ricardo Quintela envió una nota al entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, advirtiendo que quedaba un remanente de $9.300 millones correspondiente a fondos que La Rioja debía recibir en 2023.
Además, solicitó que se cumpla el artículo 83 de la ley de presupuesto 27.701, que asignaba $47.000 millones a la provincia y sus municipios como compensación por el punto de coparticipación perdido en 1988. Ese monto, actualizado a la fecha, asciende a 1.400 millones de dólares de deuda.
FUNDAMENTOS DEL RECLAMO
La provincia alegó una histórica discriminación desde la sanción de la ley de coparticipación 23.548 en 1988, cuando perdió casi el 50% de sus recursos. Desde entonces, el Estado nacional otorgó partidas compensatorias, incluyendo una asignación específica en los presupuestos desde 2012.
La demanda cita debates legislativos y de la Convención Constituyente de 1994, donde se reconoció la necesidad de compensar a La Rioja.
El escrito también detalla la evolución de los fondos coparticipables y compensatorios asignados a La Rioja entre 2012 y 2023, mostrando un crecimiento sostenido y la inclusión de partidas específicas en los presupuestos nacionales. Y denuncia un trato desigual respecto al resto de las provincias, que reciben la totalidad de sus fondos mediante goteo diario, mientras que La Rioja percibe una parte en cuotas fijas.
Con datos de Meta o Verso
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