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La agrupación fue creada a nivel nacional por la ex directora del Inadi, Victoria Donda, por María Rachid -que fue una de las impulsoras de la ley de matrimonio igualitario- y por la militante feminista Mariana Gras. A nivel local, su cara visible es Alexsandra Lobos, referente de la comunidad LGBT+.

Desde IDENTIDAD se hicieron eco de las publicaciones de este medio, que alertó que la intendenta Dora Rodríguez viajó a Punta Cana a recibir un premio por sus supuestas políticas de género, a pesar de que vació el área y ha habido actos de discriminación por parte del Municipio.

En privado, varias fuentes coinciden en que la intendenta ha confesado que todo se debe a su iglesia, “Jesús es vida”, que conduce el pastor Nicolás Francisco Sancho, padre del actual secretario de Servicios Públicos de Chamical, Nelson Sancho.

El pastor es, además, la persona que perdió un maltín con dinero en el hotel King, que confesó haber recibido de “gente de Vivienda”, pues tiene una cooperativa que hace obras para el Estado. También la cooperativa de su hijo trabaja para la Provincia, pese a que es funcionario municipal.

El comunicado tiene un claro llamado hacia el interior del Frente de Todos, pues muchos militantes consideraron que las investigaciones son un ataque al kirchnerismo.

“No podemos mirar para otro lado cuando se premia a una persona por su gestión en políticas de géneros sabiendo que el área correspondiente ni siquiera funciona”, afirmaron desde IDENTIDAD.

Además, llamaron a “no guardar silencio cuando la religión sigue siendo un pretexto para legitimar el odio”.

EL COMUNICADO COMPLETO

Recientemente un medio local cuestionaba a la intendenta de Chamical por el vació el área de mujeres y diversidades, y su actitud en contra de la comunidad LGBT+ por sus creencias evangélicas. En el marco de un reconocimiento por su labor en términos de políticas públicas de género salieron a la luz cuestionamientos sobre la tarea que se realiza en esa ciudad.

Ante esta manifestación nos vemos en la necesidad de reflexionar:

No podemos seguir esperando que funcionarios/as sin la formación que exige nuestra legislación sigan ejerciendo desde la ignorancia que nos margina, no podemos mirar para otro lado cuando se premia a una persona por su gestión en políticas de géneros sabiendo que el área correspondiente ni siquiera funciona.

No podemos guardar silencio cuando la religión sigue siendo un pretexto para legitimar el odio hacia el segmento de la población históricamente oprimido. Un sector de la comunidad cuyos intereses deberían estar siendo contemplados por quienes tienen la labor de representarnos y en lugar de eso se sigue sosteniendo el abandono y la discriminación, perpetuando esa desigualdad histórica en lugar de reparar.

Estamos hartxs de el usufructo de estas problemática desde lo enunciativo para hacer cosmética desde los discursos mientras en los hechos se nos sigue excluyendo. Nuestro país se destaca por tener leyes de vanguardia en Latinoamérica y el Caribe, pero toda esa legislación de avanzada como la ley 23.592 antidiscriminatoria, el matrimonio igualitario (26.618), la ley de identidad de género 26.743, ley micaela 27.499, la ley protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia 26.485, entre otras, pasan a ser letra muerta cuando nuestros representantes no las respetan.

Esa normativa insta a nuestros funcionarios y funcionarias a capacitarse para ejercer con el respeto y la conciencia necesaria de las problemáticas estructurales que atraviesan a la sociedad a la que sirven y son fundamentales para convivir en equidad de oportunidades en todos los territorios. Sin equidad real no hay justicia social, exigimos que de una vez por todas cumplan nuestras leyes para que nunca más haya personas dentro del sistema y personas fuera.

Fuente: El Federal