Tras la presión ejercida, sus familares cambiaron su decisión y ahora se realizan masivas protestas para que se garantice el derecho a decidir de la niña abusada. La ONU, por su parte, recordó al estado boliviano que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura”. 

El caso que genera conmoción en el país ocurrió en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, donde la niña, que tiene 21 semanas de gestación, vivía con sus hermanas y su abuelastro de 61 años, quien abusaba de ella aprovechando que sus padres trabajaban en La Paz. El hombre fue detenido en cuanto la niña le contó a su prima que “sentía unos movimientos extraños en su vientre” y luego la tía presentó la denuncia. 

De acuerdo a las autoridades locales, en un principio la madre de la niña pidió la interrupción del embarazo, que es constitucional en ese país desde 2014 para las víctimas de violencia sexual. En estos casos además se puede solicitar el aborto legal sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre.

“No quiero ser madre”

La niña había dicho ante una junta médica que “no quiere ser madre”, según contó la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García. Inclusive ya se le había suministrado una primera dosis de misoprostol para interrumpir la gestación. 

En ese contexto irrumpió la iglesia Católica de Bolivia, que presionó a la niña y a sus familiares hasta cambiar su decisión. 

Luego, una abogada que la organización religiosa le puso a la madre presentó un memorial de desistimiento junto a una carta manuscrita en que la nena supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento. 

“Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres”, denunció García.

la Iglesia católica abogó en un comunicado por “salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas”. Manifestó su “más firme repudio por la brutal violación” sufrida por la niña, pero insistió en que “ambas son vidas humanas independientes”. 

“La niña recibirá a partir de ahora apoyo sicológico y médico, además de alimentación y vivienda, para que pueda llevar una vida normal y de esperanza”, afirmó Víctor Hugo Valda, delegado Episcopal de la Pastoral de la Salud, en la Arquidiócesis de Santa Cruz.

La marea verde tomó las calles de Bolivia 

“Niñas, no madres”, “embarazo infantil es tortura”, coreó un grupo de activistas en una de las tantas manifestaciones que se realizan desde entonces en Santa Cruz con los pañuelos verdes característicos de las campañas por la despenalización del aborto.

“Aquí lo que se está haciendo es darle legitimidad a un acto de violación y premiar a ese violador. Están convirtiendo en padre a un violador y están convirtiendo a una niña en una máquina paridora”, cuestionó la activista Carmen Sanabria.

Según datos de la Casa de la Mujer, en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que 104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales 6 son menores de 13 años.

La Defensoría del Pueblo se expidió contra los funcionarios y médicos que atendieron el caso en cuanto al manejo de la información y el procedimiento que debió seguirse para interrumpir el embarazo de la niña y repudiaron duramente la intervención religiosa en el hecho.

No obstante, grupos antiderechos se siguen congregando en el Hospital de la Mujer Percy Boland, donde está ingresada la menor, con carteles que dicen “Respeten la decisión de la niña madre” y “Defensoría de la Niñez proteja a los dos niños”.

El comunicado de la ONU 

El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia señaló este miércoles que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura”. 

ONU Bolivia instó a las autoridades a “intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”.

“El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, resaltó la ONU en un comunicado.