El decreto 959/24 señala que "no se admitirá para acceder a un empleo en el ámbito del Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 ningún privilegio, ventaja o beneficio sustentado en vínculos hereditarios, cualquiera sea la modalidad de contratación".
La disposición prohíbe que tanto familiares como cónyuges de empleados estatales que hayan fallecido, ocupen sus puestos de trabajo en reemplazo. En los considerandos, señala que "es doble remarcar que no resulta admisible que se mantengan prioridades para acceder a un cargo público ni se otorguen privilegios que contravengan el principio de igualdad".
La decisión de avanzar con esta nueva normativa había sido adelantada en conferencia de prensa por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger.
El Ministerio de Desregulación y Modernización informó a través de un comunicado que la intención es profundizar "la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro".
"Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad", señala.